TEORÍA DE LAS PUERTAS GIRATORIAS.

La teoría de las puertas giratorias, un tema candente y de plena actualidad, trata de explicar situaciones controvertidas entre políticos y empresas privadas. Los casos de confabulación de este tipo pueden ser explicados del siguiente modo:

1. En primer lugar los políticos hacen uso del dinero público. Lo invierten en la realización de proyectos supuestamente beneficiosos para todos, aunque en ocasiones tales proyectos sean un fracaso. Se exceden y piden dinero prestado a los bancos, con lo cual el Estado contrae una deuda.

2. En algunas ocasiones esos proyectos se sobrevaloran, de modo que el dinero de los impuestos de los ciudadanos y de los préstamos recibidos va a parar a empresas privadas (constructoras, por ejemplo). Esta sobrevaloración es, obviamente, ilegal. Descubrir tramas de corrupción es un primer paso a la hora de hacer justicia en estos casos. No siempre es suficiente, porque las leyes que regulan tales situaciones las establecen, entre otras, las personas que luego cometen el delito (de modo que puede “salir rentable” cumplir la pena).

3.  Por otro lado, hay que devolverle “el favor” a los bancos. Se legisla entonces a favor del interés de los mismos, (o de multinacionales, grandes constructoras, etc.). Las deudas que se acumulan de este modo provocan un estado de insolvencia en el país.

4. Ante esta situación, los organismos económicos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, organizan rescates al país en cuestión. Quizá se intente desplazar la responsabilidad hacia el ciudadano, a través de la idea de que ha vivido por encima de sus posibilidades al aceptar créditos, hipotecas, etc. que quedaban fuera de su alcance.

5. Se impondrán recortes destinados a remediar la situación. El rescate tiene un precio, que pasa por adoptar más medidas (privatización, desregulación, etc.) en favor de los bancos que nos rescataron.

6. Finalmente, esos mismos políticos corruptos se incorporan después de su mandato a las instituciones privadas en favor de las que han legislado, forzando o incumpliendo el artículo 12 de la legislación vigente, que regula las situaciones de incompatibilidad entre cargos públicos y empresa privada.

En este punto, cabe introducir el siguiente matiz. No creo que este sea el caso de la mayoría de cargos públicos. Tampoco creo que sea necesario imponer la incompatibilidad total entre un cargo público y otro privado. La línea de actuación que me parece más adecuada pasaría por:

a)       La creación de un organismo que garantizase absoluta transparencia en todas las operaciones gubernamentales. Esto es, abogar por la transparencia como un derecho del ciudadano, un derecho epistemológico inalienable. Si todo el mundo sabe qué se hace con los bienes de la comunidad, no habrá posibilidad de que esos bienes desaparezcan absorbidos por un interés privado.

b)       Convendría desarrollar recursos de participación ciudadana efectiva y constante. ¿Creen ustedes que debemos gastar x dinero en construir aquí un aeropuerto? ¿Qué opinan de este presupuesto, o de este otro? ¿Deberíamos endeudarnos para lograr tal objetivo? ¿Qué alternativas hay a tal o cual situación? El ciudadano medio puede aportar más que su voto cada cuatro años, en cuanto a la actividad política se refiere. Sólo hay que darle la oportunidad.

Gabriel Sánchez Maestro, de Filosofía Política II, grupo 3.